Escándalo protagonizado por portátil de de cuestionada dirigente de Patria Joven pasa factura.
Lejos de cumplir su función normativa y fiscalizadora tal como lo establece la Ley Orgánica de Gobiernos Regionales, frente a los últimos acontecimientos, el actual Consejo regional, máxima instancia en un Gobierno Regional, refleja que existiría cierto protectorado hacia el Ejecutivo, así como al grupo político del presidente Javier Alvarado, entre funcionarios y coordinadores zonales, porque frente a los últimos acontecimientos de escandalo de una marcha de trabajadores de la entidad regional en horario de trabajo respaldando a una cuestionada dirigente de Patria Joven y la agresión a periodistas de la ciudad de Huacho ocurrió nada menos que en la cara de los consejeros regionales quienes guiados por otros intereses, mas no por su papel fiscalizador habrían avalado este tipo conatos de agresiones protagonizados por trabajadores pagados con dinero del pueblo.
Ante esta situación los pobladores de Huacho (sede del GRL) esperan mínimamente las disculpas de Dra. Liliana Torres a quien los Medios de Comunicación responsabilizan por los actos de las personas que integraban su portátil político, y no solo se investigue sino, que se sanciones a los trabajadores del Gobierno Regional implicados en este bochornos actos.
Otro tema en cuestión para los concejeros regionales en que han coincidido varios lideres políticos, pasa porque la fecha no vendrían cumpliendo su papel fiscalizador y normativo como máximo órgano del Gobierno Regional, solamente estarían actuando como enviados a controlar y a minimizar los reclamos de al población, adoptando medidas populistas con obras pequeñas cada uno para su provincia y no aprueban ejecución de obras de impacto regional que es lo que las 9 provincias requiere para aliviar los principales problemas y necesidades.
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