En medio de gran expectativa,
seguido de una masiva participación de
los pobladores de los sectores azotados por la ola delictiva en el Norte Chico
entre ellos Supe Hualmay Huaura y Santa María,
se realizó la audiencia pública de
seguridad ciudadana en la ciudad de Huacho (Sede del Gobierno Regional de Lima).
En dicho evento se hicieron
presentes el presidente de la Comisión de Defensa nacional orden interno, desarrollo
alternativo y lucha contra las drogas Hugo Carrillo Cavero, las congresistas fujimoristas Luz Salgado y Luisa
María Cuculiza, así como los congresistas de lima provincias, Manuel Zerillo
Bazalar, Elard Melgar Valdez y Wilder Ruiz Loayza, así como el alcalde
provincial de Huaura Santiago Cano la Rosa y en representación del presidente regional
Javier Alvarado Gonzales del Valle, estuvo el gerente Luis Fernández Estrella quienes en horas de la mañana se dieron cita a un
conocido local ubicado en la campiña de Huacho, donde escucharon la participación
de los asistentes, tomando nota para lo que implica contrarrestar el problema
de la inseguridad ciudadana.
Los congresistas coincidieron
que la situación agudiza mas porque hace falta la modificación al nuevo código procesal
penal que es muy benevolente y muchas veces, cuando la Policía Nacional hace su
trabajo capturando a los delincuentes, el poder judicial los deja libres por el
escaso contenido de acusación en la
carpeta fiscal, motivo por el cual presentarán proyectos de ley para la modificación
respectiva.
Por otro lado el grupo de
congresistas fujimoristas, fueron ácidas en sus críticas manifestando que los casos
de sicariatos han aumentado porque hay dinero que se obtiene ilícitamente del narcotráfico,
así como también hay jueces y fiscales corruptos que dejan libres a los
delincuentes porque existe acuerdos bajo
la mesa.
Finalmente un grupo de
pobladores del valle Huaura-Sayán denunciaron que uno de los factores para que
se incremente la delincuencia es que hay una disputa de los grupos de poder por
controlar la Empresa Azucarera Andahuasi, cuyos administradores y
representantes en las altas esferas del poder habrían contratado personas de
dudosa reputación en ambos lados, generando que estas personas aparte de resguardar la empresas azucarera o intentar tomarla, también hacen
de las suyas en la ciudad, con licencia para portar armas, manifestaron preocupados.
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